Presidente de la Federación de Provincias y Municipios Españoles (método de elementos finitos), María José García-Pelayo, presenta pautas recomendadas para una tramitación ágil de los asuntos de vivienda. El documento presenta una serie de recomendaciones y buenas prácticas destinadas a agilizar los procesos administrativos municipales durante la construcción de viviendas, particularmente en ciudades más pobladas donde, en general, los problemas de vivienda son más apremiantes.
La orientación no es de naturaleza prescriptiva. Sin embargo, podría resultar útil para los municipios aliviar la escasez de vivienda. La elaboración del contenido se basó en un proceso de escucha activa, realizándose reuniones con ocho instituciones de referencia relacionadas con la construcción de viviendas, que compartieron sus visiones sobre los obstáculos a las dificultades en la tramitación administrativa. La FEMP también analiza las actuaciones de algunos ayuntamientos para facilitar la tramitación administrativa; Estas prácticas pueden ser beneficiosas y servir como modelo para otras ciudades.
Guía de recomendación FEMP
este Guía de recomendación FEMP Se comienza con un diagnóstico detallado de la situación, que se elaboró tras reuniones con el Consejo General de Arquitectura Técnica de España; Carreteras, Canales y Puertos; Ingenieros Industriales; Ingenieros Técnicos Industriales; y el Colegio Español de Arquitectos, así como la Asociación Española de Asesores de Promoción; Gestores de Vivienda Pública y Suelo y Federación de Grupos Arquitectónicos al servicio de la Administración Pública.
A partir de este análisis se identificaron áreas de acción municipal, como la formación y profesionalización del personal, la digitalización y gestión electrónica, la organización interna del consejo municipal, la simplificación administrativa y la cooperación público-privada.
Además de esta orientación, la FEMP propone una serie de iniciativas en materia de vivienda, como la posibilidad de que los ayuntamientos inviertan los fondos excedentes en inversiones financieramente sostenibles (IFS), una opción ya incluida en el Real Decreto a finales de 2025. También propusieron una modificación de la ley de financiación del territorio que está en tramitación, en la que se tomarán decisiones sobre la ejecución de las inversiones.
