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El plan de gestión sostenible de materias primas minerales incluye ocho medidas prioritarias • Construcción lista

A petición del Ministerio para la Transición Ecológica y Retos Demográficos, el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el Primer Plan de Acción para la Gestión Sostenible de Materias Primas Minerales 2026-2030 (Mitko), que implica 414 millones de euros en inversiones públicas y detalla 34 acciones intersectoriales. El objetivo es fortalecer la autonomía estratégica de España y la Unión Europea proporcionando materias primas clave para la transformación ecológica y digital, bajo estrictos estándares de sostenibilidad ambiental.

Se aprobó el
Una de las medidas prioritarias del programa es el Programa Nacional de Exploración Mineral (PNEM).

El plan para 2026-2030 se basa en cuatro ejes estratégicos: autonomía, impulso industrial, circularidad y gestión sostenible de las materias primas minerales, e introduce medidas para mejorar la trazabilidad, el reciclaje y la recuperación de recursos, incluida la extracción de materias primas a partir de aparatos electrónicos desechados.

España dispone de una variedad de materias primas básicas: es el segundo productor europeo de cobre, el único productor de estroncio, y dispone de fluorita, feldespato y tungsteno.

Gestión sostenible y autonomía estratégica

él plan de acción Incluye 34 acciones divididas en cuatro categorías: regulatorias, sectoriales, horizontales y de fomento de la I+D+i. Es consistente con el Reglamento Europeo de Materiales Críticos (CRMA) y II Plan de acción de economía circulary dar continuidad a hoja de ruta Español para la gestión sostenible de las materias primas minerales. Las reformas previstas incluyen la actualización del Real Decreto 975/2009 sobre valorización de residuos y espacios en la industria minera, la modificación del Código Minero para integrar disposiciones del CRMA y nuevas normas de seguridad minera.

Al mismo tiempo, se da prioridad a la rehabilitación de instalaciones mineras abandonadas y al aprovechamiento de más de 1.000 estanques y montones de desechos, así como a la recuperación de materias primas a partir de residuos electrónicos. El plan incluye acciones para proteger la biodiversidad, restaurar áreas degradadas, identificar necesidades de capacitación y analizar el impacto de las actividades mineras en áreas rurales y no industrializadas afectadas por desafíos demográficos.

Plan Nacional de Exploración Minera

Entre las 34 medidas previstas, destacan ocho acciones prioritarias, entre ellas el Programa Nacional de Exploración Mineral (PNEM). El plan divide 182 millones de dólares en dos líneas principales: 32 millones de dólares para la utilización de residuos de la industria minera que contienen materias primas esenciales y 150 millones de dólares para la exploración minera utilizando nuevas tecnologías.

Estas actuaciones se dividen en tres partes: exploración de recursos primarios mediante cartografía, estudios geoquímicos y geofísicos, prospecciones, modelos predictivos de inteligencia artificial y bibliotecas mejoradas de litografía del IGME-CSIC; aprovechamiento de residuos mineros a través de inventarios, bases de datos y análisis avanzados; y acciones horizontales sobre sostenibilidad, gestión de datos, formación y difusión.

Los desarrollos del PNEM incluyen nuevos estudios geofísicos y revisiones de estudios geofísicos existentes, así como una combinación de técnicas de teledetección (gravimetría, radiometría, magnetometría y métodos sísmicos o electromagnéticos), vuelos, sondeos y tajos. Toda la información se integrará en un mapa del potencial minero de España, incluidos los residuos de balsas y vertederos.

Este es el primer programa de exploración sistemático en 50 años, luego del Programa Nacional Minero de 1969-1970. El PNEM permitirá actualizar el conocimiento de los recursos minerales existentes y centrarse en materias primas básicas actualmente muy demandadas, como el litio, el níquel, el cobalto o las tierras raras, que no eran el centro de estudios anteriores. El plan se desarrolló con la participación de ocho diferentes ministerios, comunidades autónomas y entidades locales, el sector empresarial, los sindicatos, el entorno académico y científico, y asociaciones medioambientales y de la sociedad civil.

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