Cámara de la Vivienda advierte que acción del Gobierno en San Antonio abre grave precedente a nivel nacional
El gremio sostiene que decisiones como estas ponen en riesgo la igualdad ante la ley y debilitan la confianza en el sistema habitacional.
La Cámara Chilena de la Vivienda expresó su más enérgica preocupación frente a la reciente actuación del Gobierno en el caso de la megatoma de San Antonio, advirtiendo que las decisiones adoptadas no solo tensionan el Estado de Derecho, sino que también abren un precedente de alcance nacional que podría replicarse en diversas regiones del país.
El gremio recordó que existe un fallo judicial plenamente vigente que ordena el desalojo del terreno en cuestión, resolución que —según enfatizan— debe ser cumplida por todos los organismos del Estado, sin excepción y sin reemplazarse por decisiones administrativas o negociaciones paralelas.
“En un Estado de Derecho los fallos judiciales no se negocian ni se sustituyen por acuerdos políticos. Se cumplen. Cuando eso no ocurre, se instala una señal extremadamente peligrosa para la institucionalidad, generando incertidumbre y debilitando la confianza ciudadana”, afirmó la Cámara.
La organización gremial subrayó que avanzar en expropiaciones o eventuales compras por la vía de cooperativas, antes de ejecutar lo ordenado por la justicia, transmite la idea de que las ocupaciones ilegales pueden transformarse en un mecanismo válido o incluso eficaz para acceder a una solución habitacional, desplazando a quienes sí cumplen los requisitos y procedimientos establecidos.
“Este tipo de decisiones pone en riesgo la igualdad ante la ley y puede generar un efecto dominó en otras regiones. Si hoy se valida en San Antonio, mañana podría repetirse en cualquier parte del país, incentivando nuevas ocupaciones y aumentando la conflictividad territorial”, señalaron.
La Cámara advirtió que esta situación genera una sensación creciente de injusticia entre miles de familias que, durante años, han cumplido las normas, han ahorrado y se han organizado en comités para acceder de manera regular a un subsidio habitacional, debiendo muchas veces esperar largamente para obtenerlo.
“Mientras numerosas familias se esfuerzan, cumplen los requisitos, realizan trámites y esperan pacientemente una solución dentro del sistema, otras terminan accediendo por la vía de hechos consumados. Ese desequilibrio no solo resulta injusto, sino que erosiona la convivencia social y la credibilidad en las políticas públicas”, enfatizaron.
El gremio añadió que el escenario generado podría complejizar aún más el déficit habitacional, ya que las señales erróneas terminan incentivando nuevas tomas, generando costos económicos, sociales y urbanos que finalmente deben ser asumidos por el país en su conjunto.
Finalmente, la Cámara Chilena de la Vivienda hizo un llamado directo al Gobierno a rectificar su postura, respetar estrictamente el fallo judicial vigente y garantizar que la política habitacional opere bajo criterios de legalidad, equidad y responsabilidad. Asimismo, instó a la autoridad a evitar decisiones que puedan multiplicar los conflictos territoriales, deteriorar la convivencia y erosionar las reglas que sostienen el acceso justo y transparente a la vivienda en Chile.
