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Canarias propone directrices para una contratación pública circular y más sostenible • Edificable

Ministerio de Transición Ecológica y Energía gobierno de canarias Se presenta un Documento Orientador sobre la Contratación Pública Circular en Canarias, una herramienta destinada a integrar progresivamente criterios de economía circular en las compras y contratos de la administración pública de las Islas. El documento fue elaborado por la Dirección General de Calidad Ambiental en colaboración con la Universidad de la Laguna y Gesplan.

Presentación de las Directrices de Contratación Pública Circular del Gobierno de Canarias para impulsar una economía circular
El Gobierno de Canarias ha propuesto una guía para integrar la economía circular en la contratación pública, reducir los residuos y apoyar los contratos sostenibles en Canarias.

La iniciativa es Estrategia de Economía Circular de Canarias 2021-2030 y Plan de Acción de Economía Circular 2024-2026. En concreto, establece medidas encaminadas a introducir criterios de circularidad en la contratación pública y las subvenciones con el fin de proporcionar un marco común para las decisiones de contratación que tengan un menor impacto ambiental.

Mariano H. Zapata, ministro de Transición Ecológica y Energía, posicionó las compras públicas como una herramienta capaz de incidir en el mercado, que representa entre 15 y 20 por ciento del producto interno bruto de la región. Dijo que cada contrato ayuda a reducir el consumo de materias primas, prevenir el desperdicio, promover la innovación y respaldar productos y servicios más duraderos y eficientes.

Estándares de economía circular para la contratación pública en Canarias

La guía propone un enfoque para integrar los criterios de la economía circular en las diferentes etapas del proceso de contratación. El documento facilita el análisis de los ciclos de vida de productos y servicios, utilizando criterios objetivos y verificables, y adaptando los requisitos a las características específicas de cada contrato.

El marco propuesto insiste en que la incorporación de requisitos ambientales debe apegarse a los principios de igualdad, libre competencia y proporcionalidad. El director de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, señaló que el objetivo es dotar de garantías técnicas a las entidades contratantes para evitar la inclusión indiscriminada de requisitos irrelevantes para los objetivos del contrato o que no puedan verificarse durante la ejecución.

Montañez vinculó este trabajo a la contribución del sector productivo canario en la participación en el Plan de Acción de Economía Circular. Según él, uno de los requisitos es que la comunidad autónoma impulse los contratos circulares como forma de valorar los productos fabricados en Canarias de forma sostenible.

Aplicaciones prácticas en actividades, electrónica, mobiliario e ingeniería.

Además del marco metodológico, el documento contiene ejemplos de cuatro áreas prioritarias: organización de actividades, adquisición de equipos electrónicos, compra de mobiliario y ejecución de obras. En estos casos, se recomiendan medidas para mejorar la durabilidad y reparabilidad del producto, reutilizar materiales, reducir residuos y utilizar los recursos de forma más eficiente.

El equipo redactor explica que la guía no establece una fórmula única que se aplique a todos los contratos, sino que establece un proceso analítico para seleccionar los criterios más adecuados en función de cada servicio. Este enfoque puede identificar los principales impactos ambientales y decidir en qué etapa del programa es más efectivo introducir cada requisito.

El ministerio prevé poner en marcha la segunda fase de trabajos en el segundo semestre de 2026. En este proceso participativo participarán administraciones públicas, agencias de contratación, servicios jurídicos y otras instituciones relevantes, con el objetivo de validar las Directrices y facilitar su progresiva implementación en Canarias.

Este despliegue continuará en el próximo Plan de Acción de Economía Circular 2027-2029, que incluirá acciones formativas y herramientas de apoyo a la administración pública. El objetivo es integrar criterios de sostenibilidad en la contratación pública en Canarias de forma transversal y verificable.

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